Sergio Berni: “Kicillof piensa como yo, si no ya me hubiera echado a patadas”El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que el gobernador piensa igual que él sobre las ocupaciones ilegales de terrenos
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, marcó distancias esta semana con su par del gobierno nacional, Sabina Fréderic, quien públicamente dijo que las tomas de tierras no son un tema de su área sino que responden al déficit habitacional.
Al hablar del tema, Berni se expresó con una contundencia que había evitado su superior, el gobernador Axel Kicillof: “El derecho a la propiedad es algo que no podemos discutir, la Constitución Nacional garantiza la propiedad privada y listo, se acabó la discusión”.
Este jueves, consultado por los grises que muestra el gobierno en la cuestión, Berni planteó: “Yo pienso y hablo por Sergio Berni, soy ministro de la provincia de Buenos Aires; el gobernador entiende y comprende la situación como yo, sino ya me hubiera echado a patadas”.
Y justificó en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre: “Quizás yo soy más vehemente porque parte de la transparencia de un político tiene que ser económica e ideológica y no podemos decir una cosa frente al micrófono y después hacer otra”.
Kicillof y Berni afrontan una situación compleja. En la provincia de Buenos Aires ya fueron usurpadas 4.300 hectáreas donde se iban a construir barrios cerrados y viviendas sociales.
Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con 38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es de 51 kilómetros cuadrados.
Según esa documentación, que está en los archivos del Ministerio de Seguridad que atesora Berni, desde julio pasado hasta el 1 de agosto se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas. La mayoría fueron liberadas porque la pena es de tres meses a tres años de prisión.
Las tomas son cada vez más organizadas. Berni explicó que últimamente se han sumado diferentes actores a la cadena delictiva, entre ellos abogados, estudios de contadores, y barrabravas que aprovechan la necesidad real de familias que están hacinadas y las usan para ocupar tierras públicas y en algunas ocasiones también privadas.
“Son personas que no tienen un techo propio, son arriadas, las dejan en el lugar 15 días y después cuando se garantizan el control de la zona, los sacan a patadas para hacer negocios inmobiliarios y venta de tierras”, desarrolló.
Estos grupos se amparan en la usucapión, un modo que tienen las personas de adquirir derechos reales -en este caso el dominio (propiedad)- luego de tener el control del terreno durante 20 años.