El Ministerio de Desarrollo Social avanza en auditar los planes sociales
El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial una resolución donde afirma que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Juan Zabaleta, creó las «Unidades de Evaluación» para tener un mayor control sobre los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y verificar si efectivamente realizan la contraprestación laboral de cuatro horas diarias a cambio de la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (Smvm).
Esto generó un gran malestar en las organizaciones sociales que apuntan contra la vicepresidenta. «Es un ataque de Cristina Kirchner», dijeron.
A través de la Resolución 835/2022, que lleva la firma del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se establece que en el ámbito de este programa «se conformarán unidades de evaluación en todo el territorio nacional, pudiendo suscribirse para ello convenios con universidades nacionales».
«La facultad de verificación incluye la evaluación y/o validación de la certificación de la contraprestación que realizan los titulares de acuerdo a los proyectos de tipo socio-productivos, socio-laborales, socio- comunitarios o de terminalidad educativa que prevén los lineamientos generales del programa», indica la norma recientemente publicada por el Gobierno.
El gobierno nacional creó unidades de evaluación que verificarán el cumplimiento de contraprestaciones de los beneficiarios que perciben la ayuda.
En tanto, «las sedes de dichas unidades serán determinadas de acuerdo a las posibilidades vigentes del Ministerio con la excepción de los casos en que se hayan celebrado convenios con universidades nacionales con el objeto de la conformación de una unidad de evaluación, caso en el cual, del convenio arribado deberá surgir la determinación de la misma».
Se podrá disponer además de instancias y puntos de atención directa a los titulares del programa y grupos de trabajo en los centros de referencia dispuestos por las instituciones u organismos convenidos. También se conformarán a tales efectos «Centros de Economía Popular» que serán integrados por personal de la Secretaría de Economía Social.
Las unidades de evaluación proveerán «en forma periódica a la autoridad de aplicación el resultado de las verificaciones efectuadas en relación al cumplimiento de las corresponsabilidades del programa».
Asimismo, las unidades de evaluación promoverán «una planificación de la producción popular, tendiente a identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar la empleabilidad y formación de los titulares».
Dicha información será provista a la autoridad de aplicación para que «facilite mecanismos de acceso de los titulares, grupos de trabajo y unidades de gestión a aquellas prestaciones técnicas y materiales brindadas por el Estado y/o a la generación de otras que resulten necesarias»’.
El anuncio se produce semanas después de que Cristina Kirchner arremetiera contra las organizaciones sociales.
«El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas», había dicho la ex mandataria en su acto.
En el Ministerio niegan que el lanzamiento de estas unidades esté vinculado a los dichos de la ex presidenta.
Las Unidades de Evaluación deberán llevarán a cabo los controles junto a las Universidades Nacionales, con las cuales sellarán acuerdos.
Además de verificar las horas de trabajo, se relevarán las condiciones en las cuales se hace. En la resolución el Gobierno señala que «se busca identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar la empleabilidad y formación de los titulares».
La puja entre sectores piqueteros y dirigentes del Gobierno por el manejo de los planes sociales refleja hasta qué punto es la transparencia del dinero destinado teóricamente a paliar la pobreza, que en algunos casos cae en el agujero negro de la corrupción.
Sectores de partidos de izquierda, como el Polo Obrero, reconocieron cobrar un «peaje» del 2% a cada beneficiario de un plan social que opere dentro de su órbita. Se destinan a financiar tareas como las que se realizan en los merenderos, aseguran desde esa agrupación, pero las dudas sobre el destino real de esos fondos absorbidos son cada vez mayores.
Igual, lo que más genera tensión en el seno de las agrupaciones piqueteras es el novedoso avance de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre los planes sociales. El Gobierno ya decidió sacarles casi 180.000 planes a los piqueteros y se los traspasará a intendentes y gobernadores.
Se estima que la número dos del Gobierno ya tiene injerencia en el 70% del presupuesto público
