BILLETERA NACIONAL 2025: ¿Y que pasa con los derechos ambientales ?
ANÁLISIS .-( Por Redacción Revista PolÍtica LIDER )-
15 DE NOVIEMBRE DE 2024.-
El 15 de septiembre, el presidente de la Nación presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación.
En su discurso, reiteró las ideas económicas que manifiesta desde el inicio de su gobierno, donde la única meta del Estado es la estabilidad macroeconómica. Desde su concepción, todos los problemas del país -pobreza, indigencia y cualquier problemática de índole social, cultural, económica, política o ambiental- se resuelven por la vía de la eliminación del déficit fiscal y la reducción drástica del Estado.
En relación al presupuesto, la única idea concreta del discurso presidencial fue que el gasto se determinará en función del superávit fiscal, priorizando el pago de intereses de la deuda externa.
Este análisis se centra en los principales impactos de este proyecto de ley en las políticas socio-ambientales y energéticas argentinas.
El primero de los 75 artículos del proyecto de Ley de Presupuesto establece que el gasto queda sujeto al superávit fiscal. Este, a su vez, está condicionado a que supere los intereses de la deuda. Así, el pago de la deuda resulta prioritario por sobre el bienestar de la población.
El artículo 1 posee otro rasgo poco democrático que es establecer que futuros presupuestos, y por ende futuros gobiernos, deben adoptar el mismo criterio sobre el superávit fiscal, condicionando políticas económicas, culturales, educativas, sociales, ambientales y de derechos humanos.
Las políticas ambientales, científicas, educativas, sanitarias, culturales, necesitan tener continuidad para garantizar niveles de bienestar para toda la sociedad. Por esto, no pueden verse supeditadas a un resultado fiscal. El nivel de recaudación es variable no sólo en Argentina: en cualquier país del mundo puede verse condicionado incluso por fenómenos climáticos.
Este proyecto plantea una reducción del tamaño del Estado y un ajuste amplio. Más allá de lo cuantitativo, esto deja entrever un proyecto de gobierno que desestima las partidas que son esenciales para el bienestar de las personas.
Desmantelamiento de herramientas de política pública.-
Este proyecto de Ley de Presupuesto se muestra en sintonía con la denominada Ley de Bases y e 70/202l DNU3. Diferentes artículos condicionan, limitan o tienden a horadar capacidades de intervención estatal y herramientas de política pública.
El artículo 27 del proyecto, por ejemplo, deja sin efecto el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que impone que un piso de un 6% del PBI se destine al presupuesto educativo; el artículo 5 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece la tendencia a incrementar al 1% del PBI el presupuesto del área; y desarma el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
De manera análoga con lo que sucede con las instituciones educativas, las políticas del DNU 70/2023 y de la Ley de Bases, en conjunto con la reducción de fondos que se establecen en el Presupuesto, se tiende a desmantelar el entramado jurídico que garantiza la existencia de políticas ambientales como la prevención y el combate del fuego, la conservación de los bosques nativos y la biodiversidad, el acceso a la energía y la promoción de fuentes renovables, y la participación y fiscalización de la sociedad civil en materia de decisiones sobre el perfil de actividades productivas y proyectos con impacto en el ambiente.
Recortes al presupuesto ambiental: más desafíos, menos recursos
La degradación institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reducido en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, representa un retroceso en lo que respecta al cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible en Argentina. Esta reestructuración evidencia una disminución en la importancia que se le asigna a la política ambiental, lo que puede tener serias implicaciones en la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos ecológicos que afectan al país y al planeta, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas.
La fusión de áreas tan diversas como turismo, deportes y ambiente bajo una misma Secretaría es alarmante y sigue vigente en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Si bien la actividad turística puede tener componentes sostenibles, la conjunción de estos tres ámbitos diluye el foco sobre las cuestiones ambientales y puede crear tensiones en las prioridades de la Secretaría. El turismo, por ejemplo, puede ser una actividad altamente depredadora del ambiente si no se maneja adecuadamente, mientras que el deporte tiene una relación más indirecta con la gestión ambiental. Esta fusión se traduce en un debilitamiento de la atención y los recursos destinados a los temas ambientales, ya que la promoción de sectores como el turismo y los deportes podrían tomar prioridad en el marco de políticas orientadas a la reactivación económica.
En este sentido, la participación de la Subsecretaría de Ambiente representará apenas un 0,066% del total del Presupuesto. Por el lado de la Administración de Parques Nacionales (APN), la única mención que se realiza es la de “erogaciones figurativas” por un total de $55.621 millones, que representan un 0,0047% del Presupuesto. El ex MAyDS, que ahora sería la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales, presentan una caída que va del 12,25% al 25% si se considera la inflación del Presupuesto 2025 y la estimada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) para 2025.
Un caso que llama la atención es la caída del financiamiento en un programa clave como es el de Evaluación y Control Ambiental, el cual pasó de tener $30.607 millones a $16.504 millones de presupuesto. Esta caída representa una pérdida de entre el 52,9% y el 59,8% en términos reales, de acuerdo a las distintas estimaciones de inflación para el próximo año.
Dos acciones a resaltar de este programa son la “supervisión de tareas de control y fiscalización en materia de residuos, sustancias químicas, efluentes, flora y fauna silvestre, controlando los establecimientos y actividades que puedan ocasionar algún riesgo o daño para el ambiente”; y la “evaluación de los estudios de impacto ambiental”. Con los beneficios ofrecidos a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), se espera que lleguen grandes proyectos que tienen un fuerte impacto en el ambiente. Ante esta situación, se esperaría que se destinen más recursos al financiamiento de estas acciones del programa con el objeto de controlar a los nuevos proyectos que vendrán, y no menos cómo se proyectan.
El cuidado del ambiente queda tan relegado que con el 56,4% de los fondos destinados a los subsidios a la oferta de hidrocarburos se podría financiar la totalidad del presupuesto para la Subsecretaría de Ambiente y la APN.
Bosques nativos: un nuevo presupuesto por fuera de la ley.
El artículo 22 del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 menciona de manera explícita la asignación de casi $9.091 millones al Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, según el proyecto de Ley de Conformidad con el artículo 31 de la Ley de Bosques (Nº 26.331). Lo que omite el proyecto del Ejecutivo es que, mientras la Ley de Bosques establece que la asignación a este Fondo Fiduciario debe ser de un mínimo del 0,3% del Presupuesto, el monto asignado tan solo representa el 0,0077%. En otras palabras, se incumple la Ley 26.331 y se le asigna 38,8 veces menos de lo que corresponde, apenas un 2,56% de lo que debería recibir según la ley. A su vez, la caída del dinero destinado al Fondo es de un 27% en términos reales.
Si a la partida del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos le adicionamos la del Programa Nacional de Bosques Nativos, entre ambas obtendremos un monto de $10.000 millones, que es el mismo importe vigente en el Presupuesto actual. En conjunto, estas dos partidas alcanzan tan solo un 0,00851% del total del Presupuesto, y su caída en términos reales es del 27,75%.
Más allá de la gravedad del congelamiento en estos montos, al 11 de septiembre del 2024 ha sido nula la ejecución de estos $10.000 millones asignados. El estrangulamiento financiero, además de económico, a la política de enriquecimiento y conservación de bosques nativos se convierte en una política gubernamental explícita en favor de reordenar el territorio para el agronegocio y las actividades agrícolas y ganaderas extensivas. Esto agrava los problemas climáticos e hídricos, incrementando los riesgos frente a olas de calor, incendios y posibles problemas sanitarios.
Manejo del fuego: no es solo una cuestión de plata, sino también de políticas de prevención
La gravedad de los habituales incendios a lo largo y a lo ancho del país hace evidente la necesidad no solo de un adecuado presupuesto para la prevención y el combate del fuego, sino también la articulación de estos programas con diferentes sectores productivos y actores sociales. Más de un 90 por ciento de los incendios son originados por la acción humana. No nos referimos solamente a incendios intencionales, sino también a aquellos derivados de actividades económicas o sociales.
Si bien la Ley 26.815 establece la creación del Sistema Federal del Manejo del Fuego, es la primera vez, luego de 7 años, que se dispone en un proyecto de ley de presupuesto que los fondos se otorguen de manera directa, a través de la actividad “Conducción del Sistema Federal de Manejo del Fuego”, principalmente.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 asigna $28.603 millones para prevenir y proteger al ambiente de los incendios, menos del 0,025% del total. En lo fáctico, si se compara el monto dispuesto en el Presupuesto 2025 y el que tienen vigente en 2024 las partidas orientadas al manejo del fuego, se observa un crecimiento en términos reales de un 46%. A pesar de ello, y sobre la base de una evaluación de las metas físicas y las políticas preventivas, esto resulta insuficiente.
El Presupuesto de 2023 incluía como metas físicas la capacitación de 1120 agentes, 5100 horas de vuelo y la elaboración de 2235 informes de alerta temprana. El proyecto de 2024 -no convertido en ley- estimaba capacitar 900 agentes, equipar 8 brigadas, realizar 2310 informes de alerta temprana y utilizar 5100 horas de vuelo.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 estima capacitar a 1700 agentes, equipar a 12 brigadas para la lucha contra los incendios, elaborar 2400 informes de alerta temprana y usar 3600 horas de vuelo. En algunos casos las métricas resultan inferiores y en otros superiores. Sin embargo, la recurrencia de los episodios ígneos parece exponer insuficiencia en estas metas y recursos.
Los incendios continúan año a año sin que exista un cambio de enfoque en las políticas destinadas al manejo del fuego. Si no se prioriza la prevención por sobre el control, será difícil alcanzar mejores resultados que los obtenidos hasta el momento.
Energía: el cepo es al acceso para la gente, sin afectar a las empresas.
El acceso a la energía en el siglo XXI es un elemento esencial que garantiza el acceso a determinados derechos, entre los que se encuentran, por ejemplo, los vinculados a la educación. La limitación del acceso a la energía deriva de manera inequívoca en exclusión social, aumentando las brechas y desigualdades sociales y de género.
Desde luego esta no es la única dimensión a tener en cuenta al momento de discutir el presupuesto abocado a este sector: si bien el sostenimiento de subsidios que den acceso a la población son necesarios, en muchos casos esto se vio distorsionado por el consumo suntuario de energía por parte de estratos de ingreso elevado o incluso subsidios a grandes empresas. Lo fundamental es que el país garantice una energía producida y distribuida de manera democrática, a la par que se reduzca la dependencia de la matriz energética en los combustibles fósiles para avanzar en una necesaria transición energética.
En líneas generales, las partidas presupuestarias vinculadas a la energía van en sentido contrario a las metas de inclusión, la desfosilización y la búsqueda de garantizar el acceso. Esto se ve en la medida que:
La partida presupuestaria de Sustentabilidad del Mercado Eléctrico, que contribuye indirectamente a reducir las tarifas a consumidores, tiene una fuerte caída nominal, que en términos reales es de más del 63%. Esto se ve reflejado también en que se prevé que para 2025 el 84,83% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa eléctrica que abonan los usuarios, cada uno de ellos con diferentes tratamientos tarifarios. Indudablemente, la distribución de los subsidios energéticos es un tópico a discutir en Argentina, pero la concepción que muestra el Presupuesto 2025 es dejar de priorizar el acceso como un derecho o un medio de acceso a derechos.
El sostenimiento de subsidios a los hidrocarburos. Sostener los subsidios al sector fósil constituye una intervención clara en favor de un sector económico, muy disonante con la posición liberal del gobierno y en línea con la tendencia de los últimos años de redistribuir los subsidios de la demanda hacia la oferta. Durante 2025 el gobierno brindará más de $305 mil millones de pesos en favor de los hidrocarburos, de los cuales $77 mil millones son destinados a la demanda y $228 mil millones a la oferta.
El gobierno da continuidad a una tendencia que se sostuvo en los últimos años, ya que los subsidios a la demanda se reducen de $120 mil millones a $77 mil millones. Esto afecta, entre otros programas, al que beneficia a las familias usuarias de garrafas. Mientras tanto, los subsidios a la oferta, que reciben de manera directa las empresas por la extracción de gas, pasan de $150 mil millones a $228 mil millones. De esta forma, se opta por la reducción de programas que dan acceso a la energía para priorizar subsidios que alimentan la ganancia de las firmas petroleras.
La eliminación de los programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables, incluyendo el Programa de Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables, el d Fomento de la Generación Distribuida y el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF N° 8484). La supresión de estos programas debilita la capacidad de Argentina para cumplir con las metas comprometidas a nivel nacional e internacional en materia de transición energética hacia fuentes limpias. Además, representa una oportunidad económica perdida.
Las energías renovables pueden fortalecer la seguridad energética del país al diversificar su matriz energética. En el caso de Argentina, la matriz energética está dominada en un 86% por combustibles fósiles, mientras que las energías renovables —como la solar, eólica, biomasa e hidráulica (menos de 50 MW)— representan apenas el 13,9%. La diversificación es especialmente relevante dado que los precios de los combustibles fósiles son volátiles y exponen a la economía a incertidumbres globales.
Además, la generación distribuida de energías renovables permite democratizar el acceso a la energía: facilita que personas, hogares y pequeñas comunidades generen su propia electricidad, lo que reduce los costos energéticos y aumenta la resiliencia de las redes eléctricas.
La continuidad de los programas de energías renovables es, por lo tanto, vital no solo desde una perspectiva ambiental, sino también social y económica. Su eliminación implica un retroceso en la lucha contra el cambio climático, la creación de empleos verdes y el impulso de un sistema energético más equitativo, descentralizado y democrático, congruentes con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
Continúan los beneficios para el sector minero: gasto tributario de la minería
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 incluye estimaciones del gasto tributario vinculado a diferentes regímenes de excepción, es decir, sumas que el Estado dejará de percibir debido a la existencia de regímenes fiscales especiales.
Para el caso de la minería, el volumen de exenciones fiscales de las que gozan gracias al régimen de la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196) de 1993 es especialmente importante. En 2023 el Estado Nacional dejó de percibir más de $136 mil millones por estas exenciones, y en 2024 esta cifra superaría los $396 mil millones. Las proyecciones para 2025 ascienden a casi $541 mil millones. Esto equivale a más de 59 veces el presupuesto destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos asignado para el mismo año.
Es importante destacar que estas exenciones se concentran en un reducido grupo de 42 empresas mineras, las cuales se benefician de una exención casi total del impuesto a las ganancias.
Si bien el monto total representa un porcentaje relativamente bajo del PBI, su rápido crecimiento —de 0,03% en 2023 a 0,07% en el proyecto para 2025— y su concentración en pocas empresas generan interrogantes sobre la equidad y eficiencia de este régimen tributario. Estos son recursos que el Estado deja de percibir y que podrían destinarse a otras áreas prioritarias que hacen al bienestar de la población.// FIN
